Suplemento Ovación (página 2),
Diario UNO de Mendoza, 9 de julio de 2007
Los descuentos de puntos, la clausura o suspensión de estadios y la prohibición del ingreso de público (total o de visitantes) sólo afecta la economía de los clubes, la estabilidad de éstos y las libertades individuales.
Con la excusa de “combatir” a los violentos, tanto el Estado como la AFA les obligan a los dirigentes de
los clubes a negociar con esa organización mafiosa que es la
barrabrava.
Un Estado ausente y una AFA encerrada en sus intereses terminan dejando sin solución a los verdaderos hinchas, a los socios y a los amantes del fútbol.
Les otorgan la obligación de la seguridad a los dirigentes de los clubes, cuyas obligaciones son otras, entre ellas no promover la violencia.
El Estado condena indirectamente el sostén económico de la gran mayoría de los clubes. Las recaudaciones (se consiguen con la asistencia de los hinchas) les “limpian” el terreno a las mafias barrabravistas para que
extorsionen a los dirigentes pidiéndoles entradas, micros y dinero, todo esto a cambio de no hacer suspender el estadio.
Ese grupo, ese ruido monótono que llega ya empezado los partidos y durante éste siguen con su simple ritmo a destiempo de lo que sucede en el juego, cumple con su ritual que desde hace años le da forma organizacional para sostenerse y negociar con sus amigos en la Justicia y en los gobiernos; esos que los protegen, los esconden y los emplean para otros trabajitos.
Ir a la cancha es un derecho de “todos” y la seguridad es una obligación del Estado, que se debe hacer cargo de su viejo invento: los barrabravas.
Son los clubes los que cumplen una función fundamental en la sociedad y son éstos los que pueden salvar al fútbol.
La proscripción, las cancelaciones,las suspensiones y las quitas de puntos son sentencias que hacen daño, pero son hipócritas, son nubes de humo de quienes no quieren tocar estructuras que no les convienen rozar y
terminan castigando al fútbol, al aficionado y sobre todo a los clubes.