Una para incrédulos: la ley de ética pública

Diario UNO de Mendoza (página 12), miércoles 22 de mayo de 2013

El debate desvela a algunos legisladores. 
Un decálogo que no frenará los perversos tentáculos del Estado

La ley de ética pública es el debate que desvela a algunos legisladores. Lo pidió el gobernador en el acto del 1 de mayo y hay varios proyectos anteriores y olvidados en la Legislatura. Hay quienes buscan salvar el honor de sus funciones, pero en el laberinto del Estado han crecido tentáculos para aggiornar, justificar y tapar las malversaciones verbales, económicas y discursivas. Un debate sólo para ingenuos.
Para los estudios filosóficos la ética busca racionalizar el deber moral, la virtud, la felicidad y las costumbres, entre otras cosas. Es una de las formas de normativizar las conductas, las relaciones entre las personas. Es encajarle una definición, aunque sea fuera de contexto, al bien y al mal, eso que tanto bien nos hace haciendo el mal.

Pero constantemente y, sobre todo desde los sectores de decisión, se emplean sentencias éticas, con las que se valora moralmente a personas, situaciones, cosas o acciones, o simplemente y aprovechando los estratagemas que regala el lenguaje, se sostiene y naturaliza el dominio (económico, legal, cultural) de unos sobre otros.
Pero bueno, suena bien y al ver tanta coima, enriquecimiento, redes de encubrimientos y el descreimiento sobre los funcionarios de los tres poderes, no es para nada raro que salga a la luz la necesidad de contar con una normativa de ética pública, la que en teoría (solo proclama) buscaría marcar las nociones de las acciones relacionadas con el interés de los ciudadanos y no con los personales de quienes la ejecutan. Aquí se valorarían los “principios” del funcionario y las consecuencias de sus decisiones. También en este rubro se habla de la transparencia, la eficiencia, la imparcialidad, la igualad, la austeridad, la participación ciudadana, la visibilidad de la gestión pública, la rendición de cuentas y un amplio espectro declarativo de buenas intenciones, un banderín de otro de los tentáculos que saca a relucir desde un balcón.

En síntesis, la idea se acota en que los ciudadanos puedan conocer la declaración jurada de bienes de funcionarios del Ejecutivo, de los jueces y los legisladores, que un texto les diga que no está permitido recibir dádivas. Nada dice de las promesas de campaña que no se cumplen, o de conocer en detalle quiénes y por qué se las bancan. O sobre los gastos superfluos mientras sigue habiendo pibes con hambre en las calles, gente sin una casa o laburantes en negro y explotados.
Más allá de todo código, decálogo o ley, la ética terminará normativizando una moral, esta se esconde en discurso del sentido común que esconde lo poco ético de lo que jamás será ético.