Diario UNO de Mendoza, 21 de diciembre de 2011 (página 14)
Recuperarán parte de los derechos que quitó Martínez de Hoz.
La compleja realidad mendocina
Anacrónica. Testimonial del tiempo que es y que juega a ser otro.
Hoy, con una ley nacional se le devolverían algunos derechos al peón rural, al hombre y la mujer que trabajan la tierra. Tras más de 30 años, y más por capricho de la coyuntura política que por el triunfo de las ideas, una pequeña brisa de reconocimiento amenaza con recorrer a uno de los sectores más empobrecidos y olvidados de la sociedad.
Allá por los ’80, durante la sangrienta tiranía de Videla se derogó el estatuto de los trabajadores rurales establecido por un decreto de Farrell en el ’44 y convertido en ley un lustro después durante el primer gobierno de Perón.
Hace más de tres décadas, la derogación del estatuto llevaba la firma de José Alfredo Martínez de Hoz, quien ocupaba por esos tiempos la cartera de Economía por segunda vez en un gobierno antipopular. El representante de la oligarquía protegía los intereses de su familia y de un puñado de terratenientes que habían recibido, un siglo antes, alguna porción de las zonas más productivas del país por parte de Julio Argentino Roca, tras el genocidio y etnocidio conocido como Campaña del Desierto.
El aggiornado proyecto de ley que fue aprobado la semana pasada en Diputados, y que hoy será tratado en el Senado, suma una serie de derechos laborales ya conquistados por otros sectores hace muchos años, como la jornada de ocho horas, una remuneración mínima, el pago de la antigüedad, aportes sociales, la eliminación del trabajo infantil y hasta el pago con la moneda legal corriente y en uso.
Lo paradójico –y no tanto en el corrupto gremialismo argentino– es que el titular del sindicato se oponga. El duhaldista Gerónimo Momo Venegas, conocido por sus alianzas y arreglos con las entidades rurales, perderá el manejo y la “torta” del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Estibadores, ya que en el nuevo organismo que se creará, además de los “representantes” sindicales y de las entidades agroganaderas, habrá agentes del Ministerio de Trabajo.
En Mendoza se da otra paradoja. Por su condición minifundista, el peón rural y sus derechos se vuelven más complejos a la hora de ser defendidos, ya que por estas tierras a la figura –cultural y legal– del contratista de viñas y frutales le tercerizaron la obligación de la contratación de obreros y el pago de los sueldos o jornales correspondientes.
Los contratistas, muchos de ellos a cargo de las tierras de “pequeños productores”, viven en una relación netamente feudal, sometidos a los caprichos del señor que les debería abonar diez sueldos por año, un porcentaje de lo producido y la vivienda. El contratista, salvo excepciones, se ve obligado a trabajar de sol a sol junto con toda su familia, la cual obviamente no recibe remuneración y subsiste en condiciones laborales y de trato inhumano, de trabajo infantil y de un servilismo que va aún mucho más allá de las labores agrarias.
Existe y se profundiza una relación de extorsión perversa, de sumisión. Se trata de una realidad que cuenta con la complacencia social, ya que sobre ella se sostiene todo un andamiaje económico y cultural de los sectores acomodados de la sociedad.
Si ya el contratista y, sobre todo, su familia se encuentran fuera de los marcos regulatorios y de protección social, qué posibilidades tienen de estar bajo el real amparo del Estado los trabajadores temporarios, los jornaleros obligados a condiciones de trabajo cuasi esclavistas.
No son parte del paisaje, no son los ficcionales protagonistas de un cuento costumbrista o de una tonadilla campera, o los referenciados de alguna fiesta popular. Son hombres, mujeres, niños y niñas despreciados por las políticas de Estado, por las leyes.
Están abandonados en la historia, sin referentes para el cambio o la transformación. Son los productores primarios, son los que trabajan la tierra y siguen muy lejos de ser los dueños de ésta.
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