Financiar lo privado desfinancia lo público

Diario UNO de Mendoza (página 10)  12 de septiembre de 2012 

200 colegios privados de la provincia, algunos investigados,  
se sostienen con subsidios del Estado 

Irregularidades, fraude, estafa o maniobras fueron algunas de las palabras que en los últimos días se han utilizado para ser negadas, relativizadas, afirmadas y potenciadas en referencia al manejo que hacen muchos colegios privados con los fondos que les da el Estado para su funcionamiento, o sea, los subsidios, los millones de pesos que reciben, sobre todo, para el pago de sueldos.

Una noticia referida a fulerías administrativas y contables, que entre otras cosas les permitirían que las cuotas sean más caras de lo permitido, trajo aparejada la paradoja de que muchos ciudadanos se terminaran enterando de que es el Estado el que sostiene y financia la educación paga, por lo menos en 200 colegios de la provincia. Y esto, más allá de que se recalque que en el país la educación es pública a pesar de que existan instituciones de gestión privada.

Y acá nos encontramos con una primera y gran contradicción: si, constitucionalmente, el Estado está obligado a garantizar para todos los ciudadanos una educación pública, laica y gratuita (y de calidad), por qué contraría su deber y debilita su presupuesto sosteniendo instituciones que no son gratuitas ni laicas (en muchos casos) y que potencian su valor simbólico social presentándose como “la opción” a lo público, con todo lo que esto representa.

Es a estas centenares de escuelas privadas adonde va a parar parte una buena porción de las arcas públicas, de las destinadas a la educación. Como ya se marcó, el principal destino de ese dinero es para el pago de sueldos para docentes. Es en esas administraciones donde sobran casos de trabajo en negro, de contratos donde no se erogan los aportes sociales y en la mayoría no se hacen concursos. Sí donde en forma arbitraria se designan a los docentes (sin puntaje ni compulsa de antecedentes), una forma muy sutil para proscribir a los educadores que, más allá de su formación de elite, “no dan con el perfil” ideológico de estas instituciones.

La matrícula “privada” viene creciendo año tras año, acompañada por el financiamiento estatal para la misma. Es la consolidación de las políticas privatistas de los ’90. Si bien la “oferta” es variada, inclusive logra amalgamar ideas como las de “mercado”, “globalización” y “religión”. Todo esto, lejos, muy lejos de lo laico y lo público.

¿Calidad? La educación privada oferta una salida rápida y cómoda (garantizada, diría una publicidad) y títulos cortos, y además cuenta con el escaso control o evaluación de los mismos que los financian. Así es como los números muestran cómo hay un trasvase de alumnos y alumnas en los últimos años de los ciclos de cursado de la gestión pública a la privada para llegar a “destino”.

Volviendo a los subsidios, en muchos casos, y por añadidura, se termina financiando a las iglesias o algunas pymes especializadas en “ofertas” educativas, las que también se ven favorecidas con exenciones impositivas y cesiones inmobiliarias.

Desentenderse de lo público o entregarlo es una acción política trascendental, la que se esconde en los prejuicios que educa la cotidianeidad. Y allí radica otra gran contradicción: ya son los funcionarios públicos los que accionan y deciden sobre la educación. ¿No debería la ley obligarlos a que sus hijos asistan a escuelas públicas? Quizás ahí tomen conciencia y dejen de desfinanciar lo público para financiar lo privado.