Nada nuevo, pero la mano dura ahora tiene su protocolo

Con la tiza en el puño. Mural de Chelo Candía.

Diario UNO de Mendoza (página 10), 24 de febrero de 2016

E n el año 2013 el intendente Víctor Fayad, en nombre de la democracia, le pedía perdón a la familia de Benedito Ortiz “por postergar tan merecido homenaje”. Ese reconocimiento se hizo en la esquina de Mitre y Pedro Molina, donde 31 años antes el militante gremial había sido herido de bala por participar de una marcha que buscaba recuperar los derechos que la dictadura había arrebatado. Esa bala del Estado mató a Benedito. El mensaje del Viti muy poco eco tuvo entre los suyos, ya que un par de años después su sucesor y correligionario se encargaría de limitar y multar el derecho constitucional a marchar, a movilizarse, a protestar.
Corría el año 2007 y en todo el país los maestros peleaban por sus derechos, por sus salarios, por la educación. La orden de un juez federal le daba, otra vez y como tantas otras, rienda suelta a la furia represiva antiprotesta. Allí perdió la vida el docente y gremialista Carlos Fuentealba. El piquetero profesor de química fue asesinado por la espalda en una ruta patagónica y se convirtió en una “bandera de lucha” hasta por varios de los que hoy se llenan la boca y festejan el “protocolo antipiquetes”.
El “protocolo antipiquetes”, votado hace unos días por el Consejo de Seguridad Interior, es el que le da justificación y forma una sencilla idea: el autorizar moler a palos a los piqueteros. Pensar que varios de los que se encargaron de la redacción del mismo, de los que lo votaron, aprendieron de leyes gracias a la educación pública que de tantos piquetes necesitó para ser defendida y sostenida.
Ante la ola de despidos, ante los inminentes reclamos salariales que se avecinan nos podemos preguntar si este protocolo busca, además de amedrentar, el tener algún pretexto ante otra Masacre de Avelleneda, obvio que nos referimos a la balacera que la policía bonaerense le propinó, en el 2002, a una organización de desocupados que intentaban hacer un piquete. Allí se truncaron las vidas de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.
Ahora, las provincias firmantes del protocolo, junto con la Nación, podrán disponer a gusto y piacere de sus “fuerzas de seguridad” para barrer a esos manifestantes “rebeldes”, ya no les hará falta las fuerzas parapoliciales como las que mataron a Mariano Ferreyra.
Podríamos traer a colación miles nombres de hombres y mujeres que regaron con su sangre las rutas y las calles de nuestro país.
El nuevo gobierno nacional y el provincial parecen decir que de nada sirven las casi 5.000 personas procesadas por “piqueteras” que les deja la gestión anterior, que en su “nuevo” y duro paradigma deslucirán a Sergio Berni y a sus gendarmes voladores.
Se olvidan de algo sencillo: sin desocupación, sin injusticias, sin arbitrariedades, no habrían piquetes.