Una ley de terror: la antiterrorista

Diario UNO de Mendoza, 4 de enero de 2011 (Página 10)

Intereses financieros internacionales arman a la Justicia

para criminalizar la protesta social

“Aterrorizar” es la expresión difusa, ambigua, polisémica, vaga, laxa, gris, abstracta, imprecisa, amplia que sostiene a una de las leyes exprés votada y rápidamente promulgada que le posibilita al poder político a perseguir y criminalizar la protesta social.
Las manos oficialistas en el Congreso de la Nación se levantaron sin debate alguno para sancionar una nueva ley antiterrorista, la que sin parámetros claros ni tipificación concreta arma a los jueces de la potestad de considerar terrorista a cualquier individuo u organización cuando sus acciones “hubiesen sido cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.
Para la categoría de terrorista con la que ahora está dotada la legislación, y obviamente según la sensibilidad e interpretación política y moral de algún juez, podrían ser considerados como tales: los indígenas que luchan por recuperar sus tierras ocupadas por una multinacional; los ambientalistas que cortan puentes o el ingreso a una mina o irrumpen en una legislatura; los obreros que ocupan una fábrica, aunque ésta esté quebrada y abandonada y quieran recuperarla; docentes que arman una carpa en una plaza por aumento de presupuesto; desocupados que se concentran frente a un supermercado pidiendo comida; mujeres que se apoderan del espacio público pidiendo la despenalización del aborto; estudiantes que toman facultades contra un arancel o recorte.
En síntesis, todo lo que sea considerado usurpación, restricción de la circulación, daños a la propiedad, reclamos ilegales. A cualquier cosa que altere “la seguridad”.
Más allá de su intencionalidad, una columna en un diario, en un blog o la voz amplificándose en un megáfono también podría lisa y llanamente aterrorizar.
También se castiga “la financiación del terrorismo” o sea las organizaciones, partidos, ONG, sindicatos a los que pertenecen o colaboran con quienes protestan. Los que podrán ser investigados por la “inteligencia del Estado”.
También podrían ser considerados terroristas los medios que alerten sobre medidas económicas o políticas antipopulares. En el país ya hay más de 5.000 personas judicializadas por protestas sociales o políticas, las que con la nueva ley pasarían a ser terroristas y pagarían penas de 20 años en prisión.
Se trata un nuevo instrumento de control, amenaza, persecución, dominación y castigo. Se lo podría llamar anacrónico pero es parte de todo orden totalitario y acompaña una tendencia de restricciones de los derechos civiles en Europa y Estados Unidos.
La ley sale como una exigencia de una corporación extranjera, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) para considerar a la Argentina “país confiable” y sumarse a las políticas de “guerra preventiva” con la que Estados Unidos viene sembrando terrorismo y gobiernos terroristas en países que no le son convenientes.
Esta nueva ley cosechó centenares de críticas y no sólo de los futuros terroristas, sino de un amplio abanico de magistrados, juristas y sectores de derechos humanos, algunos con estrecha relación con el Gobierno nacional, quienes ven una peligrosa regresión sobre la medianera de los ’70.
Aterrorizar es la palabra clave. Es la nueva arma con la que se dota a los jueces para criminalizar a los que ya no pueden más, no aguantan más, no quieren más. A quienes se animan a un poco más; a los que les ponen palabras a las necesidades, a los atropellos, a los sueños; a quienes creen en que las cosas pueden ser diferentes; a quienes luchan por algo mejor; a los que marchan, se reúnen, se organizan, se quejan, protestan, se revelan. A los impertinentes, a los que no son condescendientes, ni obedientes, ni sumisos, ni previsibles.
¿Una ley antiterrorista que aterroriza no será terrorismo de Estado?