Diario UNO de Mendoza, miércoles 22 de febrero de 2012 (página 12)
El sistema económico y financiero viene expulsando
a las
personas de un derecho básico
Techo, paredes y piso son algunas de las tantas figuras
expresivas con las que se designa a una vivienda, sea una casa o un
departamento. Son palabras que remiten a necesidades básicas. Por ejemplo, el
techo, a la seguridad, la protección; las paredes, a la intimidad y el piso, al
arraigo, la pertenencia.
Esa casa, como estructura; hogar, como hábitat complejo de individuos y pasiones, o la vivienda como ítem estadístico y demográfico, confluyen en una realidad social, en crecientes expectativas, en reiterados fracasos de políticas públicas y en negocios financieros e inmobiliarios.
En las últimas décadas, el crecimiento poblacional tiene una relación inversa con las posibilidades de acceder a una vivienda.
El triunfo del neoliberalismo económico del menemismo durante la década de los ’90 terminó de minar las políticas sociales que sobre este tema venían cacheteando y desapareciendo desde hacía más de 20 años.
Con la entrega al sistema financiero como ejecutor ideológico y económico y con la aniquilación de las leyes laborales se excluyó a los sectores asalariados, los que se vieron negados del crédito y pasaron a ocupar, como “elite marginal”, la preferencia del orden de méritos para futuros, inciertos, demorados y escasos planes de viviendas sociales, desplazando así, y aún más, a los crecientes sectores de desocupados y expulsados del sistema.
El negocio inmobiliario, el de la renta, fue otro de los factores que se terminaron de “liberar” en los ’90 y se fue potenciando con los años. A bajo precio, unos pocos se quedaron con esos claros, que desde las alturas se ve como la urbe dibujó casi inconscientemente, para futuros emprendimientos y dentro de una especulación donde el metro cuadrado se cotiza a diario y mejor que nada.
Grotescas y descaradas han sido las promesas reiteradas e incumplidas con las que los que se traspasan, pasan y comparten el poder salen a alentar cada vez que necesitan esos votos que les dan la chance de administrar y usufructuar dádivas. Así, lustro tras lustro, no sólo cada vez es menor el número de viviendas prometidas que se entregan, sino también el tamaño de éstas.
Hace unos meses, la vivienda pasó a ser el eje de la campaña electoral en Mendoza y los candidatos, como si fuesen ludópatas desenfrenados, día tras día jugaban a apostar quién haría más casas, quien conseguiría mayor financiamiento. Estuvo aquel que hasta generó expectativas movilizando a muchos a inscribirse en una cretina e inservible papeleta que terminó perdida entre los guiones cinematrográficos de cursis spots televisivos.
Y bien, el tema no deja de ser parte de la agenda pública y política; siguen dando números, prometiendo, buscando financiamiento, mentando licitaciones y lustrando zapatos para que brillen en algún corte de cinta en la inauguración de un barrio.
Los terrenos fiscales son el nuevo leitmotiv. Son esas pocas tierras que no se chupó el mercado inmobiliario, esas que, al ausentarse Estado del crecimiento productivo, se sembraron con amarillentos yuyos. Ahora proyectan, sólo proyectan, hacer casas ahí, pero están más preocupados en ver cómo tiran esas que algunos en forma de chozas levantaron en esos lugares. La discusión se traspasa al facilismo de culpabilizar a la víctimas y de paso abogar por herramientas legales que permitan reprimir.
La vivienda no es una mercancía, es un derecho básico, un derecho elemental, un derecho humano.
La casa, el techo, esas paredes, el piso. La morada, el hogar, esa residencia es una forma de protección, de desarrollo, de salir de todas las formas de violencia que genera el hacinamiento, es encontrarse con la intimidad, es escapar también de la incertidumbre, del desalojo, del desarraigo.
Esa casa, como estructura; hogar, como hábitat complejo de individuos y pasiones, o la vivienda como ítem estadístico y demográfico, confluyen en una realidad social, en crecientes expectativas, en reiterados fracasos de políticas públicas y en negocios financieros e inmobiliarios.
En las últimas décadas, el crecimiento poblacional tiene una relación inversa con las posibilidades de acceder a una vivienda.
El triunfo del neoliberalismo económico del menemismo durante la década de los ’90 terminó de minar las políticas sociales que sobre este tema venían cacheteando y desapareciendo desde hacía más de 20 años.
Con la entrega al sistema financiero como ejecutor ideológico y económico y con la aniquilación de las leyes laborales se excluyó a los sectores asalariados, los que se vieron negados del crédito y pasaron a ocupar, como “elite marginal”, la preferencia del orden de méritos para futuros, inciertos, demorados y escasos planes de viviendas sociales, desplazando así, y aún más, a los crecientes sectores de desocupados y expulsados del sistema.
El negocio inmobiliario, el de la renta, fue otro de los factores que se terminaron de “liberar” en los ’90 y se fue potenciando con los años. A bajo precio, unos pocos se quedaron con esos claros, que desde las alturas se ve como la urbe dibujó casi inconscientemente, para futuros emprendimientos y dentro de una especulación donde el metro cuadrado se cotiza a diario y mejor que nada.
Grotescas y descaradas han sido las promesas reiteradas e incumplidas con las que los que se traspasan, pasan y comparten el poder salen a alentar cada vez que necesitan esos votos que les dan la chance de administrar y usufructuar dádivas. Así, lustro tras lustro, no sólo cada vez es menor el número de viviendas prometidas que se entregan, sino también el tamaño de éstas.
Hace unos meses, la vivienda pasó a ser el eje de la campaña electoral en Mendoza y los candidatos, como si fuesen ludópatas desenfrenados, día tras día jugaban a apostar quién haría más casas, quien conseguiría mayor financiamiento. Estuvo aquel que hasta generó expectativas movilizando a muchos a inscribirse en una cretina e inservible papeleta que terminó perdida entre los guiones cinematrográficos de cursis spots televisivos.
Y bien, el tema no deja de ser parte de la agenda pública y política; siguen dando números, prometiendo, buscando financiamiento, mentando licitaciones y lustrando zapatos para que brillen en algún corte de cinta en la inauguración de un barrio.
Los terrenos fiscales son el nuevo leitmotiv. Son esas pocas tierras que no se chupó el mercado inmobiliario, esas que, al ausentarse Estado del crecimiento productivo, se sembraron con amarillentos yuyos. Ahora proyectan, sólo proyectan, hacer casas ahí, pero están más preocupados en ver cómo tiran esas que algunos en forma de chozas levantaron en esos lugares. La discusión se traspasa al facilismo de culpabilizar a la víctimas y de paso abogar por herramientas legales que permitan reprimir.
La vivienda no es una mercancía, es un derecho básico, un derecho elemental, un derecho humano.
La casa, el techo, esas paredes, el piso. La morada, el hogar, esa residencia es una forma de protección, de desarrollo, de salir de todas las formas de violencia que genera el hacinamiento, es encontrarse con la intimidad, es escapar también de la incertidumbre, del desalojo, del desarraigo.
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