Diario UNO de Mendoza, miércoles 30 de noviembre de 2011 (página 10)
La Justicia Federal dejó sentado el plan sistemático de abuso
sexual hacia las mujeres en los ’70
Cruzan las esquinas con la cabeza en alto, están en los cafés, empujan un carro de supermercado y algunos hasta posan para fotos sociales. Por lo general se muestran como rectos, moralistas, padres de familia, hombres de fe y patriotas. Cumplen con el estereotipo. Ahora muchos de éstos podrán ser juzgados, dentro de las causas por crímenes de lesa humanidad, por su condición de violadores. De violadores tanto materiales como intelectuales.Hace una semana, la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza sorprendió, inclusive a la titubeante, cuestionada y desprestigiada Justicia local, con un fallo relevante a nivel nacional al considerar los abusos sexuales como delitos de lesa humanidad.
En el escrito también se dictaron los procesamientos de Luciano Benjamín Menéndez, Juan Agustín Oyarzábal, Eduardo Smaha y Armando Fernández por considerarlos penalmente responsables del delito de violación sexual, en calidad de autores mediatos dentro de sus cadenas de mandos.
Obviamente que para que esto sucediera fueron determinantes los valientes testimonios que vienen dando las víctimas del terrorismo de Estado durante la década del ’70. Muchas mujeres, en busca de justicia, volvieron a poner el cuerpo y el corazón para afrontar al tribunal con sus desgarradores relatos, en los que se vieron obligadas a recordar y detallar sus terribles experiencias durante el cautiverio, algunas de ellas con sus verdugos enfrente.
Sumado a la persistencia y la movilización de los organismos de derechos humanos, para el fallo de los jueces también fue clave el trabajo de las militantes feministas de CLADEM sintetizado en el libro Las grietas del silencio, en el que recogen, tras un exhaustivo trabajo, los testimonios y le dan forma al marco teórico y jurídico.
La resolución judicial argumenta que “el plan sistemático y generalizado de violación de derechos humanos” de la última dictadura militar que sufrió el país “incluyó una práctica que afectó principalmente a las mujeres, la violencia de género y la violencia sexual, y que no habría afectado de este modo sistemático a los detenidos varones”. Y especifica que, en los centros de detención, “la manera de infligir dolor habría tenido condimentos diferenciados cuando la víctima era una mujer”.
Este plan sistemático contra las mujeres no fue exclusivo en Argentina, sino que ya se había manifestado con éstas en distintas guerras, invasiones étnicas y conflictos internos. Y se siguen registrando en distintas partes del mundo.
Teóricas de los estudios de género explican que se terminó potenciando “el continuum de violencia” histórico y social que sufren las mujeres.
Para la misoginia imperante, las mujeres eran algo peor que el enemigo ideológico: por su doble intento emancipatorio, eran demonizadas y brutalmente castigadas física y psicológicamente por resistirse a cumplir con los roles tradicionales.
La violencia sexual fue parte de una práctica cultural, religiosa y política con la que buscaron marcar sobre sus cuerpos las condiciones de alteridad, de sumisión, de reproductoras y de servidumbre con la que conciben a las mujeres.
El fallo contra la impunidad de los crímenes sexuales de lesa humanidad, si prosperan las investigaciones y los responsables son juzgados, podrá servir en gran parte para evitar que se sigan reproduciendo todos los tipos de violencia contra las mujeres. Se les dará visibilidad a éstas prácticas que en forma encubierta son parte de la cotidianidad.
Ojalá se juzgue no sólo a los genocidas responsables de mandos, sino también a los ejecutores (los violadores materiales), que los hay por cientos, en las esquinas, en los cafés o empujando un carro de supermercado, y a sus defensores teóricos, esa basura que los apaña, esconde y justifica con rodeos
miserables para reproducir lo más putrefacto del mundo.
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