Un Estado anacrónico y de fundamentalistas

Diario UNO de Mendoza (página 10), 3 de octubre de 2012 

El aborto no punible deja al descubierto la violencia, el control y el disciplinamiento institucional

 Se habla de libertad de conciencia, de cuestiones éticas, y no se hace más que buscar las tácticas para no aplicar la ley, para no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Poder Ejecutivo mendocino se desentiende de sus obligaciones y lleva al laberinto legislativo algo legislado para deslegislarlo.

El aborto no punible terminó marcando un territorio donde conservadores, retrógrados y fundamentalistas religiosos terminan con una de las peores aberraciones que hace el Estado: revictimizar a la víctima, en este caso a la mujer que ha sido violada, ya que en síntesis es aquí donde se centra el eje de la discusión para la aplicación del protocolo para la interrupción del embarazo en los hospitales públicos, unos de los ítems del artículo 86 del Código Penal argentino. Buscan desconocer ese derecho, subestimar esa situación (la de violación) ejerciendo violencia sexual simbólica desde un claro y direccionado arcaísmo conceptual dentro las estrategias con las que se regulan y controlan las capacidades reproductivas, la sexualidad, el trabajo...

Ante la negativa del gobernador Francisco Pérez y el ministro de Salud Carlos Díaz Russo, quienes se desentendieron de sus obligaciones de funcionarios públicos, la posta de la violencia institucional pasó a la Legislatura, donde a los prejuicios los encubrieron de una innecesaria, ¿ilegal? y anacrónica discusión dentro de sus comisiones con el claro objetivo de enturbiar, viciar y demorar el tratamiento en el recinto.

Si bien Diputados ya aprobó la aplicación de un protocolo de aborto no punible para la provincia, ahora, en el Senado, desde la “cruzada inquisidora” tripartita salen a buscar cómo resistir ese derecho de las mujeres sobre su cuerpo. La estrategia a la que apelan, lejos del marco republicano al que representan, es contradecir el artículo 86 del Código Penal y el fallo aclaratorio que hizo la Corte por la no aplicación. Desde la Cámara Alta local buscan hacer cambios y, entre ellos, exigirles a las mujeres violadas que presenten una denuncia policial y no una declaración jurada como ya especificaron los jueces supremos. Saben que con esto logran su cometido: embarazos forzados no deseados y sus consecuencias, como abortos clandestinos (con el riesgo para quienes no pueden pagar clínicas privadas). Saben que la mayoría de los casos de violación no se denuncian ya que se da dentro del entorno familiar. La violación es parte de los “deberes maritales” pregonados desde los púlpitos, donde parece estar el mandato por sobre el de los electores. ¿Qué se puede esperar de quienes encubren y hasta comparten gabinetes con funcionarios de la dictadura, donde la violación fue un método sistemático?
Demorar una interrupción legal de un embarazo es delito.

Por más que se arroguen el poder del poder y busquen no perder ni un ápice en las políticas de control y disciplinamiento hacia las mujeres, los legisladores mendocinos tienen que saber que la sentencia de la Corte confirma y ratifica lo ya legislado, y es clara: “Exhortar a las autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con competencia en la materia, a implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, en los términos aquí sentados, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles y para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual… Además, exhortar al Poder Judicial nacional y a los poderes judiciales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a abstenerse de judicializar el acceso a los abortos no punibles previstos legalmente”.

Es justamente este fallo el que proporciona las claves para una correcta interpretación y evitar que se sigan judicializando casos de aborto no punibles. Sin embargo, el Ejecutivo mendocino ha decidido desconocer las leyes de la Nación. Obligar a una mujer a continuar con un embarazo producto de una violación es un acto de crueldad y tortura, una violación a los derechos humanos de las mujeres.