El acalorado lobby de unas corporaciones

Diario UNO de Mendoza, 11 de enero de 2012 (Página 10)

Los grupos de presión contra los Ingresos Brutos e inspecciones laborales 

estuvieron al nivel de la térmica

Son obvios, recurrentes e históricos. Con fuerte presencia coloquial, con tradición encubierta y de moda en el discurso político. Estos tres elementos son el calor, el lobby corporativo y los relatos de los productores, los que se han apoderado hace unas semanas no sólo de la cima del termómetro, sino de la idea de  mendocinidad.
Se calcula que la temperatura empezó a subir en el mundo hace más de un siglo y medio a la par que las calderas hacían arder el carbón en fábricas, barcos y trenes durante el sostenido crecimiento de la Revolución Industrial. Por esos tiempos, se consolidaban los grupos de presión conformados por organizaciones empresariales, financieras y profesionales, que afinaban sus alianzas y estrategias en pos de sus intereses y nada más que estos.
En Mendoza, por estos días decenas de estas corporaciones y de estos consejos avanzaron e hicieron lobby sobre el poder político intentando frenar una ley impulsada por el Ejecutivo que les devuelve la obligación de pagar un impuesto al eliminar el privilegio de la tasa cero en los Ingresos Brutos.
Si bien se trata de una minoría con respecto al grueso de la población, estos grupos son quienes cuentan con “pares” en los sectores de decisión política, y quienes sustentan campañas y estructuras partidarias. Por lo que la coyuntura les da soltura para, como en este caso, adoctrinar, presionar y dictarle (exigirle) a la
oposición legislativa los rumbos (o el voto) a seguir.

Trabajo rural: leyes, decretos y olvidos

Diario UNO de Mendoza, 21 de diciembre de 2011 (página 14)

Recuperarán parte de los derechos que quitó Martínez de Hoz. 

La compleja realidad mendocina

Anacrónica. Testimonial del tiempo que es y que juega a ser otro.

Hoy, con una ley nacional se le devolverían algunos derechos al peón rural, al hombre y la mujer que trabajan la tierra. Tras más de 30 años, y más por capricho de la coyuntura política que por el triunfo de las ideas, una pequeña brisa de reconocimiento amenaza con recorrer a uno de los sectores más empobrecidos y olvidados de la sociedad.

Allá por los ’80, durante la sangrienta tiranía de Videla se derogó el estatuto de los trabajadores rurales establecido por un decreto de Farrell en el ’44 y convertido en ley un lustro después durante el primer gobierno de Perón.

Hace más de tres décadas, la derogación del estatuto llevaba la firma de José Alfredo Martínez de Hoz, quien ocupaba por esos tiempos la cartera de Economía por segunda vez en un gobierno antipopular. El representante de la oligarquía protegía los intereses de su familia y de un puñado de terratenientes que habían recibido, un siglo antes, alguna porción de las zonas más productivas del país por parte de Julio Argentino Roca, tras el genocidio y etnocidio conocido como Campaña del Desierto.