Arrebatos imprescindibles, 28 de marzo de 2012
Más allá del anacronismo, arcaísmo,
conservadurismo y de un manifiesto posicionamiento religioso (por convicción o
presión) parece que el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, y su ministro de
Salud, Carlos Díaz Russo, no le temen a un juicio político por mal desempeño de
sus funciones públicas. Esta claro: demorar una interrupción legal de un
embarazo es delito.
Tras el fallo de la Corte
Suprema de Justicia de la
Nación ratificando la realización de abortos no punibles, el
gobernador dijo: “Es para un caso particular; no se aplica y no es legislación
nacional ni legislación provincial”, con esto pretende seguir con la
obligatoriedad de judicializar los casos de mujeres que fueron violadas y aspiran
realizarse un aborto.
La sentencia de la Corte , que confirma y
ratifica lo ya legislado, es clara, concisa y parece escrito para funcionarios
con dificultades de comprensión lectora, la misma aclara: “…Exhortar a las
autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con competencia en la materia, a implementar y hacer operativos,
mediante normas del más alto nivel, en los términos aquí
sentados, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los
abortos no punibles y para la asistencia integral de toda víctima de violencia
sexual…Además, exhortar al Poder Judicial Nacional y a los poderes judiciales
provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a abstenerse de
judicializar el acceso a los abortos no punibles previstos legalmente”.
