Arrebatos imprescindibles, 28 de marzo de 2012
Más allá del anacronismo, arcaísmo,
conservadurismo y de un manifiesto posicionamiento religioso (por convicción o
presión) parece que el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, y su ministro de
Salud, Carlos Díaz Russo, no le temen a un juicio político por mal desempeño de
sus funciones públicas. Esta claro: demorar una interrupción legal de un
embarazo es delito.
Tras el fallo de la Corte
Suprema de Justicia de la
Nación ratificando la realización de abortos no punibles, el
gobernador dijo: “Es para un caso particular; no se aplica y no es legislación
nacional ni legislación provincial”, con esto pretende seguir con la
obligatoriedad de judicializar los casos de mujeres que fueron violadas y aspiran
realizarse un aborto.
La sentencia de la Corte , que confirma y
ratifica lo ya legislado, es clara, concisa y parece escrito para funcionarios
con dificultades de comprensión lectora, la misma aclara: “…Exhortar a las
autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con competencia en la materia, a implementar y hacer operativos,
mediante normas del más alto nivel, en los términos aquí
sentados, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los
abortos no punibles y para la asistencia integral de toda víctima de violencia
sexual…Además, exhortar al Poder Judicial Nacional y a los poderes judiciales
provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a abstenerse de
judicializar el acceso a los abortos no punibles previstos legalmente”.
Pero fue el ministro de Salud
(de un estado laico, vale recordar) que envalentonado, tras los dichos de su
jefe, salió a potenciar la violencia institucional. Díaz Russo con su expresión
de que "con el simple pensamiento que se puede lograr el aborto, se pueden
cubrir una serie de mentiras en el sistema", no sólo revictimiza e
incrimina a la víctima, sino que además atenta contra la integridad y los
derechos de las mujeres al descreer, subestimar y desconfiar de sus palabras y
de la violencia sexual sufrida. Por otra parte, la mayoría de las violaciones
no se denuncian, muchas de ellas se ejercen en los círculos familiares y
cercanos de las víctimas; y son las mismas acciones y procedimientos
(recurrentes e históricos) de los distintos organismos del Estado, lo que
llevan a invisibilizar esta realidad.
Los funcionarios no pueden
arrogarse el poder de decidir cumplir o no con una norma que según posiciones
acotadas genera ambigüedad. Es justamente el fallo de la corte, el que
proporciona las claves para una correcta interpretación y evitar que se sigan
judicializando casos de aborto no punibles. Sin embargo, el ejecutivo
mendocino, ha decidido desconocer las leyes de la Nación.
El gobernador mendocino prefiere
“hablar de adopción”, de no aceptar la sentencia de la Corte , de exigir
autorización del juez, es una forma de dilatar los tiempos, y no sólo de los
políticos, sino los del avance de un embarazo no deseado, involuntario, forzado,
para finalmente con el progreso y el aumento de riesgo se justifique la no
interrupción. Con soltura se obliga a una mujer a engendrar el fruto de una
violación, con todas las consecuencias psicológicas que esto conlleva. Ninguna
persona puede ser obligada a ejercer un acto de sacrificio o heroísmo, es antiético.
Obligar a una mujer a continuar con un embarazo producto de una violación es claramente
un acto de crueldad y tortura, una violación a los derechos humanos de las
mujeres. Y claramente estipulada por nuestra Constitución Nacional a través de
los tratados internacionales suscriptos que tienen rango superior a las leyes.
El sistema público de Salud está
lleno de objetores de conciencia, de comités de bioéticas, de moralistas,
tecnicistas y estadistas que limitan toda decisión personalísima. Todo un
andamiaje para apoderarse del cuerpo y de la decisión de las mujeres, desde un
aborto hasta una ligadura tubaria.
El Estado termina condenando a
las mujeres pobres a morir de un aborto clandestino, ya que en el sector
privado, estas prácticas, que tanto se cuestionan, son habituales, seguras y sin riesgo.
Más allá de que los funcionarios de la provincia decidan ser
anacrónicos y apegarse a posicionamientos de grupos religiosos fundamentalistas
y poderosos no deben olvidar que demorar una interrupción legal de un embarazo
es delito. La respuesta por parte del sistema de salud público debe ser rápida,
accesible y segura, así lo establece la ley, que el fallo de la Corte ha ratificado.
Links sobre el tema:
Hijos de mujeres violadas
“Yo soy eso que le pasó a mi mamá”
Por Andrea Homene
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Entrevista a Alejandra Ciriza en Radio Nacional
Sobre los dichos de Paco Pérez y Díaz Russo
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